DECRETO 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones.
| Fecha de Entrada en Vigor | 1 de Febrero de 2021 |
| Sección | 1 - Disposiciones Generales |
| Emisor | Consellería de Hacienda y Administración Pública |
| Rango de Ley | Decreto |
El tiempo transcurrido desde la creación, en el año 2007, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia, exige una revisión de la estructura y funciones de este órgano colegiado, atendiendo a la experiencia del camino recorrido y a los cambios normativos que en materia de contratación se derivan de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de las leyes de transparencia: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, de ámbito estatal y autonómico, respectivamente.
Así, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, prevé en su artículo 78.2, como función de este órgano consultivo, la emisión de un informe preceptivo con carácter previo a la autorización excepcional del Consello de la Xunta de Galicia para celebrar contratos con personas no clasificadas cuando el requisito de la clasificación sea en principio exigible. También contempla la misma norma la competencia de este órgano, en el seno de la regulación de los expedientes declarativos de prohibiciones de contratar, de formular la propuesta de resolución en los supuestos legalmente previstos en los artículos 72 y 73.
Igual argumento cabe sobre la obligación, recogida en el artículo 132 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de notificar a la Comisión Gallega de la Competencia cualquier hecho, del que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, que pueda constituir infracción de la legislación de defensa de la competencia.
No solamente la nueva ley de contratos, sino otras normas de desarrollo alteran el régimen competencial de las juntas consultivas de contratación de ámbito autonómico. Así, el artículo 9.7 del Real decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, establece la obligación de este órgano de emitir informe preceptivo sobre la estructura de costes de determinados contratos en los que se prevé la revisión periódica y predeterminada de precios.
Por otro lado, la experiencia acumulada en los trece años transcurridos desde la creación del órgano permite describir y diseñar, con más precisión, una serie de funciones que en este tiempo se asentaron como fundamentales en su actividad. Así, la estrecha colaboración de la Junta Consultiva con la Escuela Gallega de Administración Pública en el aprendizaje de los empleados públicos se mostró como tarea esencial de cara a la profesionalización del personal destinado en las unidades de contratación, impulsando su formación y su desarrollo profesional. También la asistencia a foros y encuentros con otras administraciones públicas, agrupaciones empresariales u organizados por las universidades gallegas –con grupos de investigación muy activos en la materia– exige potenciar la función de este órgano como generador de espacios colaborativos y comunes que redunden en un mayor conocimiento de la contratación pública desde todas las perspectivas posibles. Difundir y favorecer el intercambio de experiencias, de conocimientos y el aprendizaje de la gestión contractual se convierte para este órgano colegiado en un objetivo estratégico de su actividad.
La modificación del artículo 7, referido a la Presidencia del órgano, viene motivada por los cambios operados a través del Decreto 110/2020, de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, y del Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia, según el cual la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa mudó su dependencia orgánica y queda vinculada a la Consellería de Hacienda y Administración...
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