Ley de cofradías de pescadores de Galicia. (Ley 9/1993, de 8 de julio)

1. Las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones que les están encomendadas, que actúan como órganos de consulta y colaboración con la Administración en la promoción del sector pesquero y representan intereses económicos y corporativos de los profesionales del sector, sin perjuicio de la representación que poseen las organizaciones de empresarios y trabajadores de la pesca.

   Las cofradías pueden, asimismo, desarrollar actividades propias de organización y comercialización de la producción en el sector pesquero, marisquero y de la acuicultura.

2. Las cofradías quedan sujetas a la tutela de la Administración pública gallega, que será ejercida a través de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

1. Las cofradías de pescadores se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, por las normas reglamentarias que la desarrollen y demás disposiciones de aplicación, así como por sus respectivos estatutos. En todo caso ajustarán su estructura y funcionamiento a los principios democráticos.

2. Las cofradías elaborarán y aprobarán en el seno de sus respectivas asambleas los estatutos por los que regirán su actuación, que habrán de someter posteriormente a la ratificación de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura. La inscripción posterior en el Registro previsto a estos efectos en el artículo 14 de la presente Ley determinará su eficacia jurídica.

   El mismo procedimiento descrito se seguirá para las modificaciones estatutarias.

3. Los estatutos tendrán que contener, al menos, la regulación de los siguientes aspectos:

   1. La denominación de la cofradía, que se corresponderá con la que usualmente identifique el territorio que comprende.

   2. El ámbito territorial.

   3. El domicilio.

   4. Los órganos rectores.

   5. La estructura organizativa con las secciones que, en su caso, se estableciesen.

   6. Las normas para la elección de los órganos representativos.

   7. Los derechos y obligaciones de los miembros.

   8. El régimen económico y contable.

   9. El patrimonio y recursos previstos.

   10. Las causas de disolución y destino de su patrimonio.

1. Corresponderán, con carácter general, a las cofradías la labor de consulta y colaboración con la Administración pública y la defensa de los intereses de los profesionales que las componen.

2. Como órganos de consulta y colaboración corresponden a las cofradías de pescadores las siguientes funciones:

   1. Orientar a todos sus miembros sobre las acciones derivadas de la aplicación de la normativa concerniente al sector pesquero y, en particular, sobre ayudas, subvenciones y programas establecidos por la Administración pública.

   2. Actuar como oficinas públicas, a los efectos de esta Ley, en lo referente a la recepción, registro y tramitación de documentación dirigida a la Administración de la Comunidad Autónoma, cuando expresamente así se establezca en virtud de disposición reglamentaria.

   3. Promover actividades de formación de los profesionales en las actividades referidas a la pesca.

   4. Servir como entidades de consulta a la Administración en todas las cuestiones concernientes al sector y en especial en la elaboración de las disposiciones de carácter general que les sean sometidas.

   5. Elevar a la Administración propuestas sobre materias de interés pesquero y, en particular, sobre aquellas acciones tendentes a mejorar las condiciones técnicas, económicas y sociales de la actividad pesquera.

   6. Promover la creación de servicios comunes para sus miembros.

3. Asimismo, les corresponden las funciones de:

   1. Promover la creación de servicios sociales, recreativos, culturales o análogos para sus miembros.

   2. Gestionar las áreas de la zona marítima y marítimo-terrestre que les hayan sido confiadas mediante el título administrativo habilitante correspondiente, expedido por la Administración competente.

   3. Gestionar y administrar aquellos bienes patrimoniales que les sean cedidos por cualesquiera de las Administraciones públicas para el cumplimiento de sus fines.

   4. Todas aquellas funciones que les sean encomendadas por la Administración competente.

1. Sin perjuicio de la unidad de acción de sus órganos, cuando las cofradías pretendan llevar a cabo, además de las funciones señaladas, actividades de organización y comercialización de la producción, éstas podrán estructurarse en dos secciones, que se denominarán «de Orientación» y «de Organización de la Producción»; esta última se constituirá por libre iniciativa de los productores que integran la cofradía en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Corresponderán a la Sección de Orientación las funciones descritas en el párrafo segundo del artículo 3.º de la presente Ley.

3. Corresponderá, en su caso, a la Sección de Organización de la Producción la adopción de las medidas oportunas para garantizar el ejercicio racional de la pesca y las condiciones de venta de la producción, y en particular:

   1. Promover la ejecución de planes de capturas, concentrar la oferta y regularizar los precios.

   2. Dar salida, por medio de la Sección, si se considera necesario, al producto o conjunto de productos explotados por los productores miembros.

   3. Establecer las reglas de producción y comercialización a fin de mejorar la calidad de los productos y adaptar el volumen de la oferta a las exigencias del mercado.

   4. Adoptar todas aquellas medidas derivadas de la aplicación de la política común de pesca comunitaria que sean de la competencia de los productores.

   La Sección de Organización de la Producción contará con órganos diferenciados y establecerá sus propias normas de funcionamiento, sin perjuicio de someterse a las recogidas con carácter general por los estatutos de la cofradía.

4. En cada sección existirá un responsable encargado de la gestión económica.

1. La afiliación a las cofradías de pescadores es libre.

2. Pueden ser miembros de las cofradías los armadores con base en puertos de ámbito territorial de las mismas y quienes tengan la habilitación administrativa correspondiente que lo faculte para el ejercicio de las labores de extracción de los recursos marinos vivos.

3. La condición de miembro puede mantenerse en tanto se ejerza la actividad profesional, sin que constituya impedimento para ello la situación de inactividad o su desempleo ocasional.

4. La pérdida de la condición de miembro se producirá por baja voluntaria, por no reunir los requisitos requeridos o por cualquier otra causa prevista en los estatutos de la respectiva cofradía.

5. Ningún profesional del sector podrá pertenecer simultáneamente a dos o más cofradías.

1. El ámbito territorial de las cofradías será el que determinen los respectivos estatutos, que tendrán que concretar sus límites con referencia a puntos determinados de la línea de costa.

   En ningún caso podrán coincidir varias cofradías en un mismo ámbito territorial, ni extenderse fuera del territorio de Galicia.

2. El ámbito territorial así determinado no impedirá que la Sección de Organización de Producción pueda extender sus actividades fuera del territorio propio de la cofradía.

3. La modificación del ámbito territorial requerirá el acuerdo mayoritario de los órganos representativos de todas las cofradías afectadas y la posterior aprobación por la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

1. Son órganos rectores de las cofradías de pescadores la Junta General o Asamblea, el Cabildo o Comisión Permanente y el patrón mayor.

2. Estos órganos tienen carácter representativo y sus componentes serán elegidos por un periodo de cuatro años, y podrán ser reelegidos y habrá de respetarse, siempre que sea posible, la paridad de representación de trabajadores y empresarios, así como la proporcionalidad entre los sectores de la producción.

   La elección de los componentes de la Junta General tendrá lugar mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. De entre los componentes de la Junta General se elegirá a los miembros del Cabildo y el patrón mayor.

   La composición de la Junta General y del Cabildo, el procedimiento electoral y las funciones de los órganos rectores se determinarán reglamentariamente.

3. Las resoluciones y acuerdos de los órganos rectores, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, serán susceptibles de recurso ordinario ante el titular de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura; su resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Para la gestión de las funciones que tienen asignadas, las cofradías contarán con el siguiente personal:

1. El personal funcionario de la Xunta de Galicia con destino en ellas, que desarrollará de forma preferente las funciones descritas en el párrafo segundo del artículo 3.º de la presente Ley. A su frente estará el Secretario, cuyas atribuciones se fijarán reglamentariamente.

   A pesar de su adscripción a las cofradías, este personal mantendrá su régimen jurídico funcionarial.

2. El personal laboral propio que contrate la cofradía con cargo a sus presupuestos.

1. Las cofradías desarrollarán su gestión económica a través de un presupuesto de ingresos y gastos, que estructurarán, en su caso, las secciones en las que estén organizadas y con una vigencia que coincidirá con el año natural. En este plan económico se incluirán las dotaciones necesarias para hacer frente a las obligaciones derivadas de su normal funcionamiento y se establecerán los recursos necesarios para atenderlas.

2. El proyecto y, en su caso, las modificaciones de los presupuestos serán aprobados por la Junta General, a propuesta del Cabildo.

   El Cabildo podrá acordar modificaciones de partidas presupuestarias siempre que no excedan del 10 por 100 del crédito presupuestario, y de las mismas dará posteriormente cuenta a la Junta General.

3. La aprobación, modificación y posterior liquidación de los presupuestos serán comunicadas a la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

1. Las cofradías tendrán plena capacidad para adquirir, poseer, gravar y enajenar libremente toda clase de bienes y derechos que integren su patrimonio.

2. Constituyen los recursos de las cofradías:

1. Las cuentas o derramas que por cuenta de sus miembros se establezcan.

2. Los arrendamientos de los bienes y derechos que integran su patrimonio.

3. Las cantidades recaudadas como consecuencia de la prestación de algún servicio.

4. Las transferencias de cualquier clase recibidas de la Xunta, de la Administración central del Estado o de cualquier otra institución, así como las asignaciones que se establezcan anualmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

5. Las donaciones, legados o cualquier atribución de bienes a título gratuito realizados en su favor, una vez que hubiesen sido aceptados por el órgano de gobierno correspondiente.

6. Cualesquiera otros recursos que, con arreglo a la legislación o a sus propios estatutos, les pudiesen ser atribuidos.

1. Las cofradías llevarán un plan contable único que será aprobado por la Consellería de Economía y Hacienda, siendo aplicable, con sus peculiaridades propias, lo dispuesto en el título V, capítulo II, de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

   En el plan contable se reflejará el movimiento de ingresos y gastos de forma separada, en su caso, para cada una de las secciones en que se estructuren, así como todas aquellas modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial. Anualmente se confeccionará el correspondiente balance, en el que se reflejará su situación patrimonial, económica y financiera.

2. La Xunta de Galicia, a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, podrá ejercer el control financiero necesario sobre los gastos efectuados para la gestión de las funciones descritas en el párrafo segundo del artículo 3.º de la presente Ley.

   2 bis. Las cofradías de pescadores y sus federaciones, a requerimiento de la consellería competente en materia de pesca, deberán someterse a una auditoría externa de cuentas. Dicha obligación se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que puedan, en su caso, corresponderles cuando sean beneficiarias de subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia o de fondos comunitarios.

3. En todo caso, la gestión económica y financiera y las cuentas de las cofradías estarán sometidas al control del Consello de Contas en los términos de dicho órgano, y en sus disposiciones de desarrollo.

1. La administración tutelante podrá proceder, mediante decreto, a la intervención administrativa de los órganos de gobierno de las cofradías en el caso de que observase faltas graves en la gestión económica que pudiesen poner en peligro su existencia, así como en los supuestos de imposibilidad de funcionamiento normal de aquellos.

   A estos efectos, previamente a la aprobación del decreto, se concederá un plazo de quince días a la cofradía afectada y a la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores para que efectúen las alegaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá reducirse a cinco días en aquellos casos en que el transcurso de aquel plazo pueda llevar consigo perjuicios de imposible o difícil reparación.

2. El decreto que acuerde la intervención administrativa determinará su plazo de duración, que no podrá exceder de seis meses, prorrogables por otro período de igual duración, mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de cofradías, así como del órgano gestor o de uno o varios interventores, que tendrán las funciones de gestión ordinaria y defensa de los intereses de la cofradía.

3. Si, transcurrido el plazo de intervención administrativa, subsistiesen las razones que dieron lugar a la misma, se procederá, mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de cofradías, a la disolución de los órganos de gobierno de las cofradías, así como a la convocatoria de nuevas elecciones, y se mantendrá en sus funciones, hasta la constitución de los nuevos órganos rectores, el órgano o interventor designado. En caso de que los órganos gestores o el interventor o interventores nombrados al efecto considerasen inviable económicamente la continuidad de la cofradía, podrán elevar propuesta de disolución al Consello de la Xunta de Galicia para su aprobación mediante decreto, previa audiencia de sus órganos rectores y de la Federación Gallega de Cofradías.

4. El decreto de disolución a que se refiere el apartado anterior tendrá el siguiente contenido mínimo:

   – Mantenimiento del órgano gestor o del interventor o interventores en el ejercicio de sus funciones hasta la apertura de la fase de liquidación.

   – Llamamiento a los posibles acreedores de la cofradía para que pongan en conocimiento del gestor o de los interventores la existencia de créditos a su favor; todo eso en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación.

5. El órgano gestor o los interventores elaborarán, en el plazo máximo de un mes desde su nombramiento, un inventario, que contendrá la relación y la valoración de los bienes y derechos de la cofradía, con expresión de su naturaleza, características, gravámenes, trabas, cargas y cualquier otro elemento relevante a efectos de su identificación y valoración, que, en todo caso, se realizará conforme a su valor de mercado.

6. El órgano gestor o los interventores elaborarán, en el plazo máximo de 45 días desde su nombramiento, una relación de acreedores y de sus respectivos créditos frente a la cofradía; todos ellos computados en dinero y expresados en moneda de curso legal. Esta relación recogerá nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, a su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características, garantías y cualquier otro elemento relevante a efectos de su identificación y valoración.

7. Determinados el inventario de activos y la relación de créditos y acreedores previstos en el artículo anterior, la administración tutelante, a instancia del órgano gestor o interventores, acordará la apertura de la fase de liquidación, que será objeto, en su caso, de notificación a los acreedores comparecidos en el procedimiento y a los órganos jurisdiccionales que estén conociendo de causas pendientes, si fuese el caso, así como de publicación en el Diario Oficial de Galicia.

8. La orden que acuerde la apertura de la fase de liquidación tendrá el siguiente contenido mínimo:

   1. Deber de incorporar a la denominación de la cofradía la expresión «en liquidación».

   2. Medidas necesarias para garantizar que las personas físicas y jurídicas del ámbito territorial de la cofradía a extinguir reciban los servicios propios de las cofradías. Podrán asignárseles sus funciones a las cofradías colindantes mediante decreto del Consejo de la Xunta, a propuesta de la Administración tutelante, teniendo en cuenta la concurrencia y los principios de viabilidad, solvencia y proximidad, por este orden.

9. Finalizadas las operaciones de liquidación, el órgano gestor o los interventores remitirán a la administración tutelante un informe completo sobre dichas operaciones y un balance final.

10. Concluidas las operaciones de liquidación y recibido el correspondiente informe y el balance final, la administración tutelante elevará una propuesta de extinción al Consejo de la Xunta, en la que se incluirán los siguientes extremos:

    1. Aprobación del informe y balance final presentado por el órgano gestor o por los interventores.

    2. Declaración de extinción de la cofradía.

    3. Pronunciamiento sobre el destino de los bienes y derechos resultantes del procedimiento de liquidación que, en su caso, pudieran existir.

    4. Determinación del órgano que asumirá las funciones de la cofradía a extinguir, de conformidad con lo previsto en el apartado 8.

11. El acuerdo de extinción se realizará por decreto del Consejo de la Xunta de Galicia y se publicará en el Diario Oficial de Galicia.

12. En el supuesto de disolución, liquidación y extinción previsto en este artículo, la función de tutela administrativa que ejerza la consejería competente en materia de cofradías comprenderá el conocimiento y la dirección del correspondiente procedimiento, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios propios de las cofradías sin que la administración tutelante quede directa o indirectamente vinculada por los saldos deudores derivados de la liquidación, de los cuales responderá exclusivamente el patrimonio de la cofradía extinguida.

13. El ejercicio de las funciones de tutela no implicará, en ningún caso, la asunción de responsabilidad alguna, ni principal ni subsidiaria, por parte de la administración tutelante en relación con los derechos y obligaciones derivados de las actuaciones de las cofradías en el ámbito de sus actividades

1. Dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, las cofradías podrán federarse sin que ello implique la pérdida de su propia personalidad. Las federaciones de cofradías poseerán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y tendrán que agrupar unidades territoriales homogéneas desde el punto de vista socioeconómico.

2. La creación y, en su caso, disolución de federaciones serán aprobadas mediante Decreto del Consello de la Xunta de Galicia, previo acuerdo mayoritario de las Juntas generales de las respectivas cofradías.

3. Las federaciones podrán asumir en su ámbito territorial las funciones propias de las secciones de Organización de la Producción de las cofradías que las integran en las mismas condiciones que las fijadas para éstas, determinándolo en los estatutos.

4. Reglamentariamente se determinarán las clases y composición de los órganos rectores de las federaciones, así como todos aquellos aspectos que afecten a su organización y funcionamiento.

1. Las cofradías podrán acudir a modalidades asociativas distintas de la federación, destinadas a la gestión de determinados servicios de interés común, de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación.

2. Asimismo, las cofradías o sus federaciones están facultadas para establecer, entre sí o con otras entidades, convenios de colaboración, siempre que tengan un objeto lícito y su consecución redunde en un mejor cumplimiento de sus fines.

3. De los acuerdos de asociación y convenios de colaboración que se celebren habrá de darse cuenta a la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

Se crea el Registro de Cofradías y de sus Federaciones en el que se inscribirán las existentes y todos los actos que afecten a su estructura y funcionamiento.

1. La creación de nuevas cofradías requerirá el acuerdo mayoritario de, al menos, las tres cuartas partes de los profesionales legalmente habilitados en el ámbito territorial que se pretenda establecer, ya sean o no miembros de otras cofradías. Formalizado el acuerdo, el Consello de la Xunta aprobará, mediante Decreto, su creación.

2. La fusión y disolución de cofradías precisarán el acuerdo de las respectivas asambleas por mayoría de las tres cuartes partes de sus miembros y la aprobación por la consejería competente en materia de cofradías de pescadores, sin perjuicio del procedimiento especial establecido en el artículo 11 bis.

3. Reglamentariamente se determinarán las consecuencias que produzcan la fusión o la disolución de cofradías. La disolución de cofradías supondrá la pérdida de las concesiones y autorizaciones administrativas para el ejercicio de las actividades de marisqueo o cultivos marinos que posean, sin perjuicio de lo que prevean los estatutos de la cofradía afectada en cuanto al destino de su patrimonio. En el supuesto de fusión de cofradías, la nueva entidad resultante se subrogará en los derechos y obligaciones que tenían las entidades fusionadas, así como en la titularidad de las concesiones y autorizaciones para el ejercicio de las actividades de marisqueo o cultivos marinos, y la cofradía resultante deberá cumplir las condiciones y prescripciones de la concesión o autorización o de cualquier otra obligación exigida legal o reglamentariamente.